Introducción: descriminalizar, ¿para quién?
La descriminalización del cannabis ha sido celebrada como un avance progresista en muchos países. Sin embargo, no todas las comunidades se benefician por igual de esta transformación legal. Mientras en ciertos sectores la descriminalización ofrece libertad, en otros apenas representa una continuidad del abandono. Este texto propone una mirada crítica y profunda sobre los verdaderos efectos de la descriminalización en las poblaciones más vulnerables, aquellas que han cargado históricamente con el peso de la guerra contra las drogas.
El peso desigual de la criminalización
La política prohibicionista nunca fue aplicada de manera uniforme. Las poblaciones racializadas, empobrecidas y periféricas han sido las más afectadas por la represión del Estado. Jóvenes de barrios populares, campesinos, comunidades indígenas y migrantes han sido los principales objetivos de las detenciones, registros, encarcelamientos y violencias institucionales vinculadas al cannabis. Por eso, cuando se anuncia la descriminalización, es necesario preguntarse: ¿qué cambia realmente para estas comunidades?
Descriminalización sin reparación: una deuda pendiente
Eliminar sanciones penales por el uso personal no es suficiente si no se acompaña de políticas de reparación. Las personas que han perdido años de vida en prisión, que han visto sus familias desestructuradas o que han sido excluidas del sistema educativo y laboral, necesitan algo más que una nueva ley. Necesitan justicia. Algunas medidas urgentes incluyen:
- Liberación inmediata de personas encarceladas por delitos no violentos relacionados con cannabis
- Eliminación de antecedentes penales que limitan el acceso a derechos
- Programas de reinserción laboral y educativa
- Acceso prioritario a licencias en el nuevo mercado legal
Descriminalizar sin reparar es perpetuar el daño bajo una nueva fachada legal.
La legalización y el riesgo de nuevas exclusiones
Paradójicamente, en muchos países donde se ha avanzado hacia la legalización, las comunidades más criminalizadas han quedado fuera del mercado formal. Mientras grandes empresas obtienen licencias para cultivar y vender, los pequeños productores y usuarios históricos siguen perseguidos o marginados. Esta “legalización selectiva” reproduce desigualdades y concentra el poder en manos de actores económicos ya privilegiados.
El rol del racismo estructural en la aplicación de la ley
Incluso en contextos de descriminalización, la aplicación de la ley sigue siendo discriminatoria. Estudios en distintos países demuestran que personas negras, indígenas o de bajos ingresos continúan siendo detenidas y vigiladas con mayor frecuencia, aún cuando la posesión ya no sea penalizada. La descriminalización no elimina automáticamente el racismo institucional: es necesario desmontar las prácticas policiales y judiciales que lo sostienen.
Las voces desde los márgenes: resistencia y autonomía
A pesar de la violencia sufrida, las comunidades vulnerables también han sido protagonistas en la construcción de otras formas de relación con el cannabis. Desde las madres cultivadoras en barrios populares hasta los colectivos afrodescendientes que luchan por la justicia racial, hay una enorme potencia en las resistencias cotidianas. Estas voces deben estar en el centro de cualquier reforma legal que pretenda ser verdaderamente transformadora.
Políticas públicas con enfoque interseccional
Para que la descriminalización sea efectiva en contextos de desigualdad, debe estar acompañada por políticas públicas con enfoque interseccional. Esto implica:
- Reconocer la diversidad de experiencias de los usuarios y usuarias
- Considerar género, raza, clase y territorio como ejes de análisis
- Diseñar programas específicos para las poblaciones más afectadas
- Promover la participación activa de estas comunidades en el diseño de las políticas
Solo así se puede avanzar hacia una justicia cannábica real y profunda.
Conclusión: descriminalizar sin excluir
La descriminalización del cannabis puede ser un paso importante, pero no puede convertirse en un privilegio para pocos. Si queremos una política de drogas justa, debemos garantizar que las comunidades más vulnerables no solo dejen de ser criminalizadas, sino que puedan acceder a derechos, oportunidades y reparación. La legalidad sin equidad es una forma sutil de injusticia. Por eso, el verdadero cambio empieza cuando nadie queda atrás.
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